ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y NUEVA CONSTITUCIÓN

En estos días de agitación social y política se han escuchado en forma reiterada expresiones como "asamblea constituyente", "nueva constitución", "pacto social", "nuevo acuerdo constitucional", etc. En muchas de las voces que sustentan como reivindicación política "una nueva constitución" se puede apreciar que lo hacen desde la pasión y con la convicción que ella recogerá todas sus ideas y formas de entender la sociedad. Un gran error. Veamos por qué:

1.- Chile necesita una nueva Constitución que efectivamente refleje un "nuevo pacto social". Este nuevo pacto social no puede ser impuesto por un determinado sector de la sociedad sino que debe ser el fruto del diálogo y debate entre los distintos actores sociales y políticos. Por lo tanto, se debe aceptar desde ya, que en este "nuevo acuerdo constitucional" es muy posible que no se reflejen todas las ideas que un determinado sector estima como correctas o verdaderas. Si no aceptamos esto, entonces no queremos un "nuevo pacto social", sino imponer al resto nuestra ideas "por un acto de fuerza". En este último caso, esta nueva constitución tampoco gozará de legitimidad de origen y tendrá el mismo vicio que atribuimos a la Constitución de 1980.

2.- La "asamblea constituyente" que proponga las bases de la "nueva constitución" (la redactará una élite intelectual, principalmente abogados) debe estar conformada por representantes de todos los sectores sociales, políticos y económicos. La AC entonces será un escenario donde se debe garantizar que todos serán escuchados y tendrán la posibilidad de entregar los argumentos que sustenten sus ideas y concepciones.

3.- La AC recogerá las bases fundamentales de nuestra convivencia social, política y económica. ¿Cuáles serán estas bases? las que se discutan y prevalezcan o bien las que sean acordadas. El único imperativo infranqueable es el respeto a la dignidad humana y los derechos de las personas, incluyendo derechos sociales básicos. Todo lo demás es opinable y discutible.

Considero que el inicio de un "proceso constituyente" es la vía más idónea y compatible con la democracia para enfrentar la actual crisis político-social que vive Chile y al mismo tiempo aislar a los violentistas y fuerzas políticas que han optando por el camino del caos y el desorden para instalar su ideario político. 

El Presidente Piñera tiene en frente una oportunidad histórica de iniciar el camino de un nuevo cambio para Chile (lo quiera o no, le guste o no, al margen de lo que digan sus asesores). En su rol de Jefe de Estado debe tener la claridad para entender que la instalación de una "nueva constitución" solo es cosa de tiempo y es su deber lograr que este camino se inicie, desarrolle y culmine por los caminos de la democracia. Los partidos y dirigentes políticos que creen en la democracia también tienen el deber de participar activamente en este proceso, impulsándolo y fiscalizando que se configure e implemente dentro del marco de las reglas del juego democrático.

La democracia en Chile se encuentra en peligro, la historia nos ha enseñado con mucha dureza que jamás debemos subestimar a los enemigos de la democracia, hay que exponerlos, combatirlos y aislarlos con las armas de la misma democracia y el Estado de Derecho. Este es el "momento constituyente" y quienes hoy representan a la ciudadanía tienen el deber político y moral de estar a la altura y salvar nuestra democracia con las herramientas propias de la democracia.

Jorge Astudillo M.

La supremacía de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho

La Constitución chilena hace suyo expresamente “el principio de servicialidad” en virtud del cual “el Estado se encuentra al servicio de la persona humana”. En estricta concordancia con esta norma también declara que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana” recogidos ya sea en el mismo texto constitucional, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Sin perjuicio de otras disposiciones que podríamos traer a colación, estas dos normas son suficientes para entender con meridiana claridad que el respeto a los derechos fundamentales constituye un límite infranqueable para el Estado, incluso en tiempos de excepción constitucional. La persona humana es y debe ser la razón última del Estado por lo que el desconocimiento y vulneración de sus derechos supone la negación misma de esta asociación política. Atendido lo anterior, si bien, los estados de excepción constitucional pueden resultar coherentes con la lógica de la democracia, en aquellos casos en que se decide hacer uso de ellos, el Estado más que nunca debe tomar todos los resguardos y providencias que sean necesarios para impedir el atropello a los derechos de las personas por parte de sus agentes. Si esto no sucede, deben activarse las responsabilidades constitucionales y políticas propias del Estado de Derecho.

En Chile durante los últimos días se ha producido una legítima demanda social por una serie de causas y circunstancias que tendrán que ser analizadas en su momento, así como las respuestas que el sistema político deberá darles a las mismas. Dentro de este contexto el Gobierno del presidente Piñera ha hecho uso del Estado de Emergencia con el objeto de evitar desórdenes que pusieren en peligro la seguridad y los bienes de las personas. Fue una decisión política con un evidente respaldo constitucional (aunque no compartamos la oportunidad ni su pertinencia), sin embargo, los excesos en la represión y las violaciones a los derechos de las personas (muertes y torturas incluidas) no tienen ningún sustento ni jurídico, ni político ni moral, por lo tanto, corresponde hacer efectivas todas las responsabilidades propias de un verdadero Estado de Derecho, desde el presidente de la República hasta el último uniformado que hayan incurrido en la violación directa de derechos y garantías. Si esto no sucede a los profesores que enseñamos Derecho y especialmente Derecho Público nos será muy difícil enseñar a los alumnos que estamos viviendo en una democracia ajustada al Estado de Derecho.

Gobernando otro Chile, su propio Chile

En diciembre de 2018 se conocieron las declaraciones del Ministro de Vivienda Nicolás Monckeberg vertidas en el Senado durante el mes de agosto donde sostuvo que "un altísimo porcentaje de los chilenos tiene una casa, a un departamento, una casa en la playa". 

En julio de 2019 el Subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, mientras daba una entrevista a un medio del sur del país sobre los cambios tecnológicos que apuntan a terminar con las largas esperas en el sistema público,  afirmó que debe ocurrir un "cambio cultural" para que todo funcione, ya que por ejemplo, "los pacientes siempre quieren ir temprano al consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico sino que es un elemento social, de reunión social". 

Hace unos pocos días el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine recomendó a los pobladores “madrugar” para ahorrar ante el alza de la tarifa del metro en horario punta, mientras que el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, y a pesar del descontento ciudadano por dichas alzas, declara que los románticos “pueden regalar flores” en relación a la caída en el precio de las flores según el último IPC.

La tarde-noche del 18 de octubre mientras Santiago vivía una de las situaciones sociales y políticas más complejas desde el retorno de la democracia, el Presidente Piñera se deja ver en un conocido restaurante del barrio alto mientras celebraba el cumpleaños de su nieto. Y en la mañana del 19 de octubre la Vocera de Gobierno Cecilia Pérez señala que el Presidente tiene derecho a un “momento familiar” como cualquier ser humano, mostrando una inexcusable ignorancia frente al acontecer político tan complejo que vive Chile.

En definitiva, los hechos relatados nos demuestran una dramática lejanía entre quienes nos gobiernan hoy y los problemas de la ciudadanía. Este desconocimiento de la realidad ciudadana de la gran mayoría de chilenos y chilenas, además de evidenciar falta de empatía e incapacidad para entender las carencias de las personas que no pertenecen a su círculo, resulta particularmente grave toda vez que a la hora de diseñar soluciones para mejorar la condición de vida de las personas, estas se pensarán e implementarán desde una perspectiva que, como hemos visto, se aleja mucho de lo que los patipelados (según una Senadora de la UDI) necesitamos y requerimos.