BACHELET Y EL GOBIERNO DE MADURO

“Los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, aguas y servicios sanitarios” declaró la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar al mundo su informe sobre la situación en Venezuela. El duro informe de Bachelet sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela da cuenta de “graves violaciones de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos” del pueblo venezolano, situación que se viene denunciando desde hace varios años. Hace pocos días, el 9 de septiembre de 2019, la ex- mandataria chilena denuncia "posibles ejecuciones extrajudiciales en Venezuela" desatando la ira de Maduro y de la izquierda antidemocrática que lo apoya a ultranza.

Este informe tiene mucha importancia política y puede ser analizado desde diversos ángulos, sin embargo, resulta particularmente idóneo para hacer frente a posturas que insisten en relativizar los derechos humanos a la luz de consideraciones políticas, ideológicas o económicas.

Personeros del Partido Comunista Chile o actores políticos de izquierda como el Senador Alejandro Navarro han llevado a cabo una férrea defensa de regímenes como los que gobiernan en la actualidad los destinos de Venezuela y Nicaragua, mostrándose escépticos incluso ante el informe sobre Venezuela de una de las personas más representativa de la izquierda latinoamericana como es Michelle Bachelet. Desde la otra vereda, el Presidente Piñera que adoptó una posición fuerte y crítica frente a la dictadura de Maduro, no dudó en declarar, en su paso por China, que “cada uno tiene el sistema político que quiera darse” evitando conflictos con el gigante asiático, seguramente por razones económicas y comerciales.

La dignidad humana y los derechos de que ella emanan no tiene color político, su reconocimiento y protección no debe ser contaminada con una carga ideológica, de lo contrario se reduce intolerablemente su defensa. Michelle Bachelet ha dado una señal fuerte en este sentido. A pesar de su postura política, de las presiones de la izquierda antidemocrática latinoamericana, de los obsesivos ataques que sufre por parte de la débil e inconsecuente derecha chilena (Maduro Dictador – Pinochet salvador de la Patria), ha sido capaz de mostrar al mundo que los derechos humanos van más allá de cualquier añeja ideología o espurio interés económico. Detrás del informe y su discurso en Ginebra ha dicho una verdad irrefutable (aunque dolorosa para algunos, especialmente en Chile): “el destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”.

Muy bien Michelle. 

POPULISMO PENAL

Populismo Penal

En las diversas encuestas y mediciones la delincuencia ocupa un lugar de privilegio entre las principales preocupaciones que dicen tener los chilenos. Se aprecia una alta percepción de inseguridad en la ciudadanía. Portonazos, narcotráfico, robos violentos, etc., son frecuentes en nuestros noticieros. Esta sensación de inseguridad se ve incrementada por hechos como el ocurrido el 21 de junio en Cerro Alegre de Valparaíso cuando, a plena luz del día, alrededor de las 11:45 de la mañana un turista canadiense fue asesinado por dos personas quienes intentaron robarle sus pertenencias. La legítima resistencia de este ciudadano canadiense fue su sentencia de muerte y el inicio de una pesadilla para su familia. Lamentable.

Este “escenario de inseguridad”, eficazmente nutrido por algunos medios de comunicación, trae aparejado un gran peligro: el populismo penal. Tal como señalaba hace unos años atrás el filósofo polaco Zygmunt Bauman, “como si se tratara de capital líquido listo para cualquier inversión, el capital del miedo puede transformarse en cualquier tipo de rentabilidad, ya sea económica o política”. El contexto social creado a partir del miedo resulta particularmente fecundo para el «populismo penal». Este fenómeno socio-político tiene su origen en este miedo y en las demandas populares, muchas veces irracionales, las que al margen de cualquier consideración jurídica, filosófica, estadística y en forma muy alejada de una perspectiva de derechos fundamentales, puede ser aprovechada por políticos que buscarán hacerse de réditos fáciles y rápidos. Hay sectores políticos que buscarán aprovechar este temor de la ciudadanía para alcanzar el poder, ofrecerán “mano firme” y leyes que pongan fin de una vez por todas a la delincuencia, proclamarán en sus campañas lo que la población asustada desea escuchar, nos prometerán aumentar las penas, dirigirán su desconfianza a los más pobres (casi nunca a ellos mismos o a quienes los financian) y a los migrantes (sospechosos de delinquir por antonomasia).

Lo más grave es que el populismo penal necesariamente conduce a reducir los ámbitos de libertad de las personas, pone los derechos fundamentales por debajo de otros intereses y termina irremediablemente lesionando nuestra dignidad.

La delincuencia debe ser combatida con toda la fuerza del Estado de Derecho, pero sin perder la racionalidad y sin dejar de entender que en esta tarea la única vía no solo es el derecho penal, también la educación y la igualdad de oportunidades han de jugar un rol esencial.