Algunas notas sobre Sistema de Salud contenido en la propuesta constitucional

 

Una de las cuestiones que más preocupan a la clase media es esclarecer si el Sistema de Salud contenido en la propuesta constitucional acaba o no con la salud privada. En las líneas que siguen, intentaré de la manera más clara y objetiva posible explicar lo esencial de esta norma constitucional.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el art. 44 de la propuesta constitucional. Este artículo en su número 5 establece que existirá "un Sistema de Salud de carácter universal, público e integrado". En el número 7 se prevé la posibilidad de que este Sistema Universal de Salud esté integrado por prestadores públicos y privados y se encarga a la ley establecer los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema.

Ahora, ¿cómo se financiará este Sistema Nacional de Salud? Por dos vías: a través de las rentas generales de la nación y adicionalmente por cotizaciones obligatorias que deberán pagar empleadores y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del sistema, según lo disponga la ley.

Entonces, nos podemos preguntar, ¿acaba la propuesta de Constitución con la salud privada? y la respuesta debe ser categórica: No. Del artículo 44 no se desprende que en Chile se acaba con la salud privada. Sin embargo, se sientan las bases para que se dé el siguiente escenario: será la ley, una ley ordinaria, aprobada por la simple mayoría de diputados y diputadas presentes (con escaños reservados incluidos) la que podrá determinar que el todo o parte de nuestras cotizaciones de salud sean destinadas al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. En este contexto, si a una persona le obligan a contribuir al Sistema Nacional, Universal y Público, puede seguir siendo usuario del sistema privado de salud, pero ya no lo financiará con sus cotizaciones obligatorias, ya que estas irán al sistema público, sino que deberá pagar adicionalmente para obtener las prestaciones de salud a las que hoy puede acceder con el 7% de su remuneración o renta imponible. 

¿Será esto un problema para la gente rica? desde luego no, pero la clase media, ese grupo de la población que hoy puede elegir el sistema de Isapre y atender sus contingencias de salud en el sistema privado, ya no le resultará fácil financiar dos sistemas, pagando, por ejemplo, un seguro complementario. En consecuencia, de aprobarse el financiamiento del Sistema Nacional de Salud con las cotizaciones de los trabajadores, miles de personas y sus familias deberán acudir al sistema público (colapsado y sin ninguna certeza de mejorarse a mediano plazo) y solo si cuentan con los recursos suficientes para pagar podrán atenderse en la salud privada, la que muy posiblemente quedará reservada para los más ricos.

Jorge Astudillo Muñoz

Abogado

Licenciado en Ciencias Jurídicas Universidad de Valparaíso

Doctor en Derecho Universidad de Salamanca (España)

Master en Derecho Universidad de Salamanca (España)

Magíster en Derecho Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Académico Investigador Facultad de Derecho

Universidad Andrés Bello

 ¿Tercera vía?

A estas alturas del proceso constituyente ya conocemos la propuesta final de la Convención Constitucional. Para algunos sectores esta propuesta debe ser aprobada solamente porque ha emanado de un órgano democrático al margen de su contenido (algunos incluso reconocen que se trata de una muy mala Constitución). Esta postura se encuentra amparada en la consigna "enterrar la Constitución de Pinochet". Otro grupo considera que el contenido de esta propuesta constitucional es adecuado e imperioso para llevar a cabo transformaciones que permitan hacer de Chile un país más justo. Por otro lado, hay quienes piensan que el texto constitucional vigente, esto es la Constitución de 1980 con sus modificaciones, ha permitido lograr importantes avances que han llevado a Chile a las puertas del desarrollo y que un cambio constitucional sería contraproducente (seguramente en este grupo se encuentran las personas que votaron rechazo en el plebiscito de entrada). Y finalmente, están aquellos que consideran que Chile si necesita una nueva Constitución, pero se han decepcionado del trabajo de la Convención y no se sienten representados por su propuesta constitucional.

En este contexto, algunos sectores políticos y académicos se han mostrado partidarios de buscar una tercera vía para el plebiscito de salida del 4 de septiembre. He aquí algunas reflexiones sobre esta posibilidad.

La posibilidad de la tercera vía no se encuentra contemplada expresamente en el "Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución" ni en la institucionalidad constitucional que ha permitido la instalación y desarrollo de nuestro proceso constituyente. En este punto debemos ser muy claros. Los y las sufragantes tendremos que pronunciarnos sobre dos únicas opciones "apruebo" o "rechazo". Sin embargo, considero que, al margen del resultado del plebiscito de salida, los días de la Constitución vigente están, coloquialmente hablando, contados. El 78,28% de los votantes que votaron apruebo el 25 de octubre de 2020 decidieron que el pueblo de Chile quería un nuevo texto constitucional. Por eso, un eventual triunfo del "rechazo" el 4 de septiembre no debe ser interpretado como una validación de la Constitución de Pinochet (que en estricto rigor ya no lo es) sino solo como el rechazo a una propuesta constitucional extremadamente ideologizada, con muchas falencias técnicas y que no cumple con uno de sus objetivos políticos esenciales, unir a Chile. El triunfo del "rechazo" debe tomarse como un desafío y un mandato al sistema político para proponer una nueva estrategia constitucional que permita dotar a Chile de una Constitución moderna y que siente las bases de un estado social y democrático, pero sin experimentos constitucionales que dividan a los chilenos y chilenas y que constituyen un traje a la medida para un sector político que quiere imponer su visión amparada por una mayoría convencional contingente altamente ideologizada, que si bien está dotada de legitimidad democrática, se encuentra lejos de representar el sentir de un importante número de compatriotas de todos los espectros políticos.